Evasión tributaria en Ecuador: causas, magnitud y estrategias de control multidisciplinario.
Tax evasion in Ecuador: causes, magnitude and multidisciplinary control strategies.
Evasão tributária no Equador: causas, magnitude e estratégias multidisciplinares de controle.
Mgtr. Pereira Pontón, Marcelo Andrés
Universidad Técnica Particular de Loja
Ecuador
Forma de citación en APA, séptima edición.
Pereira, M. (2026). Evasión tributaria en Ecuador: causas, magnitud y estrategias de control
multidisciplinario. Revista Ibero Research, 1(6), 364 – 400.
Fecha
de
presentación:
01/08/2026
Fecha
de
aceptación:
03/08/2026
Fecha
de
publicación:
07/08/2026
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Resumen
La evasión tributaria en Ecuador mantiene efectos persistentes sobre la suficiencia
recaudatoria, la equidad horizontal y la legitimidad del sistema fiscal, por lo cual se
analizó la interacción entre causas económicas, sociológicas e institucionales, se estimó
la magnitud de las brechas del impuesto al valor agregado y del impuesto a la renta de
personas naturales, y se evaluaron las estrategias de control aplicadas durante
2014–2023, mediante un diseño cualitativo documental, descriptivo y analítico,
sustentado en informes oficiales, normativa vigente, estadísticas secundarias y literatura
académica reciente, los resultados mostraron una brecha media del impuesto al valor
agregado cercana al 1,91 % del producto interno bruto entre 2015 y 2020, una brecha
media anual del impuesto a la renta de personas naturales de USD 1.121 millones entre
2014 y 2021, y una concentración del riesgo en actividades con elevada informalidad,
baja trazabilidad y mayor dificultad de fiscalización, además se identificó a la
facturación electrónica como el instrumento con mejor respaldo empírico, aunque
condicionado por brechas digitales y costos de cumplimiento, se concluyó que la
reducción sostenible del incumplimiento requiere integrar control basado en riesgo,
interoperabilidad institucional, simplificación normativa, transparencia pública y
fortalecimiento de la moral tributaria.
Palabras clave: cumplimiento fiscal; informalidad económica; moral tributaria;
administración pública; brecha recaudatoria.
365
Abstract
Tax evasion in Ecuador has persistent effects on revenue adequacy, horizontal equity
and the legitimacy of the fiscal system, therefore the interaction among economic,
sociological and institutional causes was analyzed, the magnitude of the value added tax
and personal income tax gaps was estimated, and the control strategies applied during
2014–2023 were assessed through a qualitative documentary, descriptive and analytical
design based on official reports, current regulations, secondary statistics and recent
academic literature, the results showed an average value added tax gap close to 1.91%
of gross domestic product between 2015 and 2020, an annual average personal income
tax gap of USD 1.121 billion between 2014 and 2021, and a concentration of risk in
activities characterized by high informality, low traceability and greater audit difficulty,
electronic invoicing was also identified as the instrument with the strongest empirical
support, although its performance remained conditioned by digital gaps and compliance
costs, it was concluded that a sustainable reduction of noncompliance requires the
integration of risk based enforcement, institutional interoperability, regulatory
simplification, public transparency and stronger tax morale.
Keywords: fiscal compliance; economic informality; tax morale; public administration;
revenue gap.
366
Resumo
A evasão tributária no Equador mantém efeitos persistentes sobre a suficiência
arrecadatória, a equidade horizontal e a legitimidade do sistema fiscal, por essa razão foi
analisada a interação entre causas econômicas, sociológicas e institucionais, foi
estimada a magnitude das lacunas do imposto sobre o valor agregado e do imposto de
renda das pessoas físicas, e foram avaliadas as estratégias de controle aplicadas durante
2014–2023, mediante um desenho qualitativo documental, descritivo e analítico,
sustentado em relatórios oficiais, legislação vigente, estatísticas secundárias e literatura
acadêmica recente, os resultados mostraram uma lacuna média do imposto sobre o valor
agregado próxima de 1,91% do produto interno bruto entre 2015 e 2020, uma lacuna
média anual do imposto de renda das pessoas físicas de USD 1,121 bilhão entre 2014 e
2021, e uma concentração do risco em atividades com elevada informalidade, baixa
rastreabilidade e maior dificuldade de fiscalização, além disso a faturação eletrônica foi
identificada como o instrumento com maior respaldo empírico, embora condicionada
por desigualdades digitais e custos de conformidade, concluiu-se que a redução
sustentável do descumprimento exige integrar controle baseado em risco,
interoperabilidade institucional, simplificação normativa, transparência pública e
fortalecimento da moral tributária.
Palavras-chave: conformidade fiscal; informalidade econômica; moral tributária;
administração pública; lacuna arrecadatória.
367
Introducción
La evasión tributaria constituye una restricción estructural para la política fiscal
ecuatoriana, debido a que reduce la capacidad de financiar bienes públicos, altera la
distribución efectiva de las cargas y amplía la presión sobre los contribuyentes que
permanecen dentro del sistema formal, esta combinación transforma un problema de
recaudación en una cuestión de equidad, confianza institucional y sostenibilidad
presupuestaria.
El carácter persistente del incumplimiento se explica por la coexistencia de actividades
informales, operaciones en efectivo, registros incompletos y capacidades de
fiscalización desiguales, junto con una percepción social según la cual el pago de
impuestos no siempre produce una contraprestación pública visible, bajo estas
condiciones la decisión de cumplir depende tanto del cálculo económico como de la
valoración ética e institucional del sistema.
La medición del fenómeno exige distinguir entre evasión, elusión, morosidad, gasto
tributario y brecha fiscal, debido a que cada concepto responde a una naturaleza jurídica
y estadística diferente, la evasión supone una conducta ilegal e intencional, mientras la
brecha tributaria expresa la diferencia entre la recaudación potencial y la efectiva e
incorpora componentes que no necesariamente corresponden a fraude deliberado
(Servicio de Rentas Internas, 2023a).
La brecha tributaria ofrece una aproximación útil para dimensionar el incumplimiento,
aunque su estimación depende de supuestos sobre bases potenciales, cuentas nacionales,
cobertura sectorial y calidad de los registros administrativos, por ello las cifras
disponibles permiten identificar órdenes de magnitud y trayectorias generales, pero no
368
equivalen a una cuantificación exacta de todas las conductas evasivas presentes en la
economía.
La relevancia económica del problema se observa en el peso del impuesto al valor
agregado y del impuesto a la renta dentro de la estructura recaudatoria, ambos tributos
presentan mecanismos diferenciados de incumplimiento y se desarrollan en una
economía con elevada informalidad, la literatura de base reportó una incidencia
aproximada de 54,2 % para determinados periodos, mientras la ENEMDU registró 45,7
% de empleo informal en 2023 bajo otra definición, diferencia que exige controlar
metodología y temporalidad (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2024; Vásquez
Izurieta et al., 2025).
La explicación multidisciplinaria integró el enfoque de disuasión, la moral tributaria y la
calidad institucional, el incumplimiento aumenta cuando el beneficio esperado supera el
costo probable de sanción, la disposición voluntaria se debilita cuando se perciben
inequidad o uso ineficiente de los recursos, y la complejidad normativa eleva costos y
confunde dificultades operativas con conductas deliberadas (Rodríguez & Parrales,
2022).
La transformación digital modificó las capacidades de control mediante virtualización,
recepción masiva de comprobantes y cruces automatizados, la obligatoriedad general de
la facturación electrónica desde finales de 2022 amplió la trazabilidad y facilitó
declaraciones, aunque en microempresas persistieron barreras vinculadas con
conectividad, firma electrónica, alfabetización digital y costos de adaptación (Alvia
Del-Castillo & Mendoza-Fernández, 2021; Arellano-Romero et al., 2023;
Muñoz-Montiel & Rivera-Guerrero, 2023; Ramírez-Álvarez et al., 2022).
Los estudios oficiales sobre brecha del impuesto al valor agregado muestran un rango
relativamente estable durante 2015–2020, mientras el indicador referencial del impuesto
369
a la renta de personas naturales evidencia una masa anual de recursos no recaudados que
supera los mil millones de dólares, ambas estimaciones confirman que el problema no
responde a episodios aislados, sino a condiciones estructurales de cumplimiento
(Servicio de Rentas Internas, 2023a, 2023b).
La comparación regional ubicó el caso ecuatoriano dentro de administraciones que han
fortalecido digitalización, intercambio de información y análisis de riesgos, mientras el
marco nacional incorporó RIMPE, comprobantes electrónicos y reporte de beneficiarios
finales, instrumentos cuya eficacia depende de bases interoperables, reglas estables y
acompañamiento a contribuyentes de menor capacidad administrativa (OCDE et al.,
2024, 2026; Registro Oficial, 2024b; Servicio de Rentas Internas, 2024).
La coordinación entre control tributario y prevención de lavado de activos adquirió
mayor relevancia con la legislación de 2024, debido a que la identificación de
operaciones sospechosas, beneficiarios efectivos y flujos patrimoniales puede reducir
espacios de ocultamiento, al mismo tiempo persistió un vacío de articulación entre
medición cuantitativa, explicación conductual y evaluación institucional, por lo cual se
requirió integrar causas, magnitud y estrategias dentro de un marco común (Registro
Oficial, 2024a).
La novedad científica se sustenta en una síntesis multidisciplinaria que relaciona
incentivos económicos, normas sociales, confianza institucional, digitalización y
capacidad de control, además se incorpora una lectura crítica de las diferencias
metodológicas entre fuentes, evitando interpretar la brecha como sinónimo automático
de evasión y reconociendo la ausencia de series sectoriales uniformes.
El objetivo general consistió en analizar la evasión tributaria en Ecuador desde una
perspectiva multidisciplinaria, mediante la caracterización de sus causas, la estimación
de su magnitud y la evaluación de las estrategias de control aplicadas durante
370
2014–2023, con énfasis en el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta de
personas naturales.
Los objetivos específicos comprendieron identificar factores económicos, sociológicos e
institucionales asociados con el incumplimiento, sistematizar los indicadores de brecha
disponibles y los sectores de mayor exposición, valorar la evidencia sobre facturación
electrónica, simplificación e intercambio de información, y formular orientaciones de
fortalecimiento compatibles con la capacidad administrativa y la equidad tributaria.
No se formuló una hipótesis causal debido al carácter documental y no experimental del
diseño, en su lugar se estableció como proposición analítica que la persistencia de la
brecha tributaria se relaciona con la interacción entre informalidad, baja percepción de
riesgo, costos de cumplimiento y confianza institucional insuficiente, combinación que
limita el efecto de cualquier medida aplicada de forma aislada.
371
Metodología
Se desarrolló un artículo de análisis documental con enfoque cualitativo y apoyo
cuantitativo descriptivo, orientado a integrar evidencia normativa, estadística y
académica sobre el incumplimiento tributario en Ecuador, el diseño permitió examinar
relaciones conceptuales y tendencias sin manipular variables, aplicar tratamientos
experimentales ni establecer inferencias causales definitivas.
Se adoptó un alcance descriptivo analítico, debido a que se organizaron las causas del
fenómeno, se compararon indicadores de brecha y se evaluaron instrumentos de control
a partir de resultados previamente publicados, la dimensión explicativa se mantuvo
limitada a interpretaciones sustentadas en convergencias entre fuentes, sin atribuir
efectos exclusivos cuando la evidencia disponible no permitía aislar variables.
El diseño fue no experimental, retrospectivo y longitudinal en el tratamiento de las
series secundarias, debido a que las cifras del impuesto al valor agregado abarcaron
2015–2020 y las del impuesto a la renta de personas naturales comprendieron
2014–2021, mientras el análisis institucional y normativo se extendió hasta 2026 para
verificar la continuidad o actualización de los mecanismos descritos.
La unidad de análisis estuvo conformada por documentos oficiales, artículos científicos,
normativa tributaria, reportes estadísticos y evaluaciones de políticas relacionadas con
Ecuador, se priorizaron fuentes que presentaran datos verificables, metodología
identificable, acceso público y pertinencia directa para las dimensiones económicas,
sociológicas, institucionales o jurídicas del cumplimiento fiscal.
La población documental incluyó los materiales citados en el informe técnico de base y
las publicaciones oficiales necesarias para actualizar el contexto normativo y
estadístico, la muestra final se integró con dieciocho referencias publicadas
principalmente entre 2021 y 2026, selección compatible con el criterio editorial de
372
actualidad y con la necesidad de conservar los indicadores centrales del periodo
analizado.
Los criterios de inclusión comprendieron publicaciones en español o documentos
institucionales disponibles en idioma español, estudios referidos a Ecuador o
comparaciones regionales con información aplicable al país, textos con autoría y fecha
identificables, normativa publicada en fuentes oficiales, y documentos que aportaran
evidencia sobre brecha tributaria, informalidad, moral fiscal, digitalización o control
administrativo.
Los criterios de exclusión comprendieron materiales sin respaldo editorial, opiniones sin
metodología, notas duplicadas, referencias cuyo contenido no pudiera verificarse y
documentos que utilizaran el término evasión sin distinguirlo de la brecha o del gasto
tributario, también se excluyeron series incompatibles cuando no existía información
suficiente para explicar diferencias de cobertura, periodicidad o definición.
La estrategia de búsqueda combinó la revisión de las referencias contenidas en el
informe técnico con la consulta dirigida de repositorios del Servicio de Rentas Internas,
Instituto Nacional de Estadística y Censos, Registro Oficial, Asamblea Nacional,
CEPAL, OCDE, CIAT y BID, se utilizaron descriptores relacionados con brecha del
impuesto al valor agregado, renta personal, facturación electrónica, RIMPE,
beneficiarios finales e informalidad.
La extracción de información se realizó mediante una matriz de registro con campos
para autor, año, tipo de fuente, objetivo, periodo, unidad de medida, resultados,
limitaciones y dimensión analítica, este procedimiento permitió separar datos
observados, interpretaciones de las fuentes y propuestas de política, reduciendo el riesgo
de presentar inferencias como resultados empíricos directos.
373
La categorización cualitativa se estructuró en tres ejes principales, el económico incluyó
informalidad, uso de efectivo, carga percibida y beneficio esperado del incumplimiento,
el sociológico comprendió moral tributaria, normas sociales y reciprocidad, mientras el
institucional incorporó capacidad de fiscalización, complejidad normativa,
digitalización, coordinación y confianza pública.
El procesamiento cuantitativo se limitó a estadística descriptiva, se registraron rangos,
promedios, valores anuales y relaciones expresadas en porcentaje del producto interno
bruto o millones de dólares, no se aplicaron pruebas inferenciales, modelos
econométricos ni estimaciones propias de evasión, debido a que la información
disponible provenía de metodologías y coberturas diferentes.
Las tablas se construyeron mediante síntesis comparativa de conceptos, factores,
indicadores y estrategias, mientras los gráficos se reprodujeron a partir de las figuras
incluidas en el informe técnico de base, se conservaron los periodos, unidades y notas
metodológicas originales para evitar alteraciones en el significado de los datos, y se
identificó expresamente el carácter referencial del índice sectorial.
La consistencia de los resultados se verificó mediante contraste cruzado entre informes
oficiales y publicaciones académicas, cuando existieron diferencias se mantuvo la cifra
original dentro de su contexto y se explicó la incompatibilidad metodológica, este
criterio se aplicó especialmente a la medición de informalidad y a la distinción entre
brecha de cumplimiento, evasión estricta, elusión y morosidad.
La validez interna del análisis dependió de la trazabilidad documental, por lo cual cada
afirmación cuantitativa se vinculó con una fuente identificable y cada interpretación se
formuló dentro del alcance de la evidencia, la validez externa se consideró limitada
porque las conclusiones describen el contexto ecuatoriano y no pueden generalizarse
374
automáticamente a sistemas tributarios con estructuras productivas, institucionales o
legales diferentes.
Las consideraciones éticas se concentraron en el uso responsable de información
pública, la atribución de autoría, la fidelidad en la reproducción de cifras y la ausencia
de datos personales sujetos a confidencialidad, no se requirió consentimiento informado
ni aprobación de un comité de ética, debido a que no se involucraron participantes
humanos, expedientes individuales ni bases de datos restringidas.
El procedimiento se ejecutó en seis fases consecutivas, identificación de fuentes,
depuración mediante criterios de selección, extracción en matriz, codificación temática,
comparación de indicadores y elaboración de conclusiones, finalmente se efectuaron
dos revisiones integrales para verificar correspondencia entre objetivos, resultados,
tablas, gráficos, citas y referencias, además de una revisión formal de estilo y estructura.
375
Resultados
Los hallazgos se organizaron conforme a los tres objetivos específicos, primero se
identificaron los factores asociados con el incumplimiento y su interacción, después se
sistematizaron los indicadores de magnitud y los sectores de mayor exposición,
finalmente se examinaron las estrategias de control, su respaldo empírico y las
limitaciones documentadas.
La evidencia mostró que ninguna dimensión explica por sí sola la persistencia de la
brecha, los incentivos económicos operan dentro de contextos sociales que pueden
normalizar el incumplimiento, mientras la calidad institucional determina la
probabilidad de detección, el costo de cumplir y la credibilidad del uso de los recursos
públicos.
La presentación de tablas y gráficos se limitó a información indispensable para
responder los objetivos, cada recurso se antecedió con una descripción de su función y
se acompañó con un análisis posterior, manteniendo la separación entre datos
observados, interpretaciones documentales y propuestas de fortalecimiento.
Causas económicas, sociológicas e institucionales
La primera sistematización permitió ordenar las causas en dimensiones que se refuerzan
mutuamente, el componente económico explicó la oportunidad material de evadir, el
componente sociológico mostró la influencia de normas y percepciones, y el
componente institucional evidenció que el nivel de cumplimiento depende de la
capacidad administrativa y de la legitimidad del sistema.
La Tabla 1 resume las dimensiones causales, los mecanismos mediante los cuales
influyen en la conducta y la evidencia identificada en las fuentes recientes, su propósito
consiste en mostrar que la evasión no surge de una sola decisión individual, sino de una
estructura de incentivos, relaciones sociales y restricciones institucionales.
376
Tabla 1
Dimensiones causales de la evasión tributaria en Ecuador
Dimensión
Factor principal
Mecanismo asociado
Evidencia documental
Económica
Informalidad y uso de
efectivo
Reduce la trazabilidad,
debilita los cruces de
información y facilita
ventas no registradas
Alta presencia de
empleo informal y
actividades con registro
incompleto
Económica
Baja percepción de
detección
Disminuye el costo
esperado del
incumplimiento y
favorece decisiones
oportunistas
Persistencia de brechas
pese al fortalecimiento
normativo
Sociológica
Moral tributaria frágil
Reduce la disposición
voluntaria cuando se
perciben inequidad,
corrupción o servicios
insuficientes
Relación entre
reciprocidad percibida y
cumplimiento en
MIPYME
Sociológica
Normalización social
Disminuye el costo
moral de ocultar
operaciones cuando la
práctica se considera
generalizada
Tolerancia al comercio
informal y ausencia de
comprobantes
Institucional
Complejidad normativa
Eleva costos, genera
errores y dificulta
distinguir
incumplimiento
involuntario y
deliberado
Reformas frecuentes y
dificultades de
adaptación en pequeños
negocios
Institucional
Capacidad de
fiscalización desigual
Limita la cobertura de
auditorías y reduce el
efecto disuasivo en
sectores de difícil
control
Dependencia creciente
de digitalización y
análisis de riesgo
Nota. Elaboración propia a partir de Alvia Del-Castillo y Mendoza-Fernández (2021), Rodríguez y Parrales (2022),
Instituto Nacional de Estadística y Censos (2024) y Vásquez Izurieta et al. (2025).
La dimensión económica mostró mayor intensidad en actividades con operaciones
atomizadas y circulación de efectivo, debido a que la administración dispone de menos
información externa para contrastar ventas, costos y patrimonio, esta situación no
implica que toda actividad informal sea deliberadamente evasiva, pero sí aumenta la
probabilidad de que una obligación no sea registrada o declarada.
La dimensión sociológica indicó que la percepción de justicia modifica la disposición al
pago, cuando el sistema se interpreta como desigual o poco transparente el
incumplimiento puede racionalizarse como respuesta defensiva, sin embargo esta
377
percepción no elimina la ilicitud de la conducta, sino que explica por qué la coerción
aislada produce resultados limitados en contextos de baja confianza.
La dimensión institucional actuó como multiplicador de los otros factores, una
administración con información oportuna y procedimientos simples eleva la
probabilidad de cumplimiento, mientras la complejidad y la atención insuficiente crean
costos que afectan con mayor fuerza a las microempresas, por ello el control efectivo
requiere combinar fiscalización diferenciada y asistencia accesible.
La delimitación conceptual y jurídica resultó necesaria para evitar que toda diferencia
recaudatoria se interprete como fraude, la Tabla 2 distingue los principales conceptos
utilizados en el análisis, su carácter y la consecuencia institucional correspondiente,
además incorpora instrumentos normativos recientes vinculados con comprobantes
electrónicos y beneficiarios finales.
La tabla permite observar que la brecha tributaria es una medida agregada y no una
infracción, mientras la evasión exige intencionalidad y vulneración normativa, esta
precisión condiciona la interpretación de los datos y evita atribuir responsabilidad penal
a componentes derivados de morosidad, error, elusión o dificultades de medición.
Tabla 2
Delimitación conceptual y respuesta institucional
Concepto
Definición operativa
Carácter
Respuesta o
consecuencia
Evasión tributaria
Ocultamiento o
alteración intencional de
hechos, ingresos o
valores sujetos a
imposición
Ilegal
Determinación, sanción
administrativa y
eventual responsabilidad
penal
Elusión tributaria
Reducción de la carga
mediante estructuras
formalmente legales que
aprovechan vacíos o
asimetrías
Legal o controvertida
Aplicación de cláusulas
antiabuso, ajustes y
control especializado
Brecha tributaria
Diferencia entre
recaudación potencial y
recaudación efectiva
bajo una metodología
definida
Técnico estadístico
Diagnóstico,
focalización de riesgos y
evaluación de política
378
Concepto
Definición operativa
Carácter
Respuesta o
consecuencia
Morosidad
Obligación declarada o
determinada que no se
paga dentro del plazo
Incumplimiento de pago
Cobranza, intereses,
facilidades y medidas
coactivas
Gasto tributario
Ingreso potencial que el
Estado deja de percibir
por incentivos,
exenciones o
tratamientos
preferenciales
Política fiscal
Evaluación de costo,
beneficio, focalización y
transparencia
Beneficiario final
Persona natural que
controla o se beneficia
efectivamente de una
estructura jurídica
Obligación informativa
Reporte societario,
trazabilidad patrimonial
y control de estructuras
opacas
Nota. Elaboración propia con base en Servicio de Rentas Internas (2023a, 2023b), Registro Oficial (2024a, 2024b) y
normativa tributaria vigente.
La distinción mostró que las estimaciones disponibles deben denominarse brechas y no
tasas exactas de evasión, debido a que incluyen componentes heterogéneos, esta
conclusión reduce la posibilidad de sobredimensionar el fraude y permite orientar
medidas diferentes para cada origen, por ejemplo cobranza para morosidad, asistencia
para errores y fiscalización para ocultamiento deliberado.
La incorporación del beneficiario final fortaleció el marco de transparencia societaria,
debido a que facilita relacionar entidades, accionistas y control efectivo, su utilidad
depende de la calidad del reporte, la actualización de la información y la capacidad de
cruzarla con declaraciones, operaciones financieras y registros patrimoniales, sin estos
componentes el instrumento puede limitarse a una obligación formal.
La respuesta institucional requiere proporcionalidad, los perfiles de bajo riesgo y escasa
capacidad administrativa necesitan simplificación y acompañamiento, mientras los
esquemas de ocultamiento sofisticado demandan auditoría especializada, intercambio
internacional y coordinación con entidades de control, la homogeneidad de tratamiento
puede elevar costos sin mejorar de manera equivalente la recaudación.
379
Magnitud de la brecha y sectores de exposición
La magnitud se examinó mediante los indicadores oficiales disponibles para el impuesto
al valor agregado y el impuesto a la renta de personas naturales, ambos conjuntos
presentan periodos y metodologías diferentes, por lo cual se analizaron de forma
separada y se evitaron sumas directas que pudieran duplicar bases o confundir unidades.
La Tabla 3 concentra los valores principales del periodo, incluye el rango y promedio de
la brecha del impuesto al valor agregado, el promedio y valor final del indicador de
renta personal, la medición de informalidad y la evidencia sobre digitalización, su
función consiste en presentar una visión cuantitativa compacta antes de examinar los
gráficos.
Los datos deben interpretarse como indicadores de exposición y no como una
contabilidad exacta de recursos recuperables, debido a que parte de la brecha puede
corresponder a errores, morosidad o limitaciones estadísticas, además la recuperación
efectiva depende de costos de control, solvencia de los obligados y posibilidades
jurídicas de determinación.
Tabla 3
Indicadores centrales de magnitud y cumplimiento
Indicador
Periodo
Resultado
Interpretación
Brecha de cumplimiento
del IVA
2015–2020
Rango de 1,78 % a 2,13
% del PIB, promedio
aproximado de 1,91 %
Persistencia dentro de
un intervalo estrecho,
sin tendencia sostenida
de reducción
Brecha referencial del
IRPN
2014–2021
Promedio anual de USD
1.121 millones, valor
2021 de USD 1.039,2
millones
Masa no recaudada
elevada frente a la
recaudación efectiva del
tributo
Empleo en sector
informal
2023
45,7 % bajo
clasificación ENEMDU
Amplio espacio
económico con menor
trazabilidad, no
comparable de forma
directa con otras
definiciones
380
Indicador
Periodo
Resultado
Interpretación
Facturación electrónica
2022–2026
Obligatoriedad general y
expansión de
comprobantes
electrónicos
Mayor disponibilidad de
datos para prellenado,
cruces y control basado
en riesgo
Beneficiarios finales
2024–2026
Reporte societario y de
control efectivo
mediante REBEFICS
Mayor capacidad
potencial para
identificar estructuras y
relaciones patrimoniales
Nota. Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística y Censos (2024), Servicio de Rentas Internas
(2022, 2023a, 2023b, 2026a) y Registro Oficial (2024b).
La brecha del impuesto al valor agregado representó el indicador más comparable,
debido a que se estimó mediante una metodología descendente basada en cuentas
nacionales y datos administrativos, el promedio cercano a 1,91 % del producto interno
bruto mostró una pérdida potencial de magnitud fiscal relevante, pero su estabilidad
indicó que la digitalización inicial no fue suficiente para modificar rápidamente los
determinantes estructurales.
La brecha del impuesto a la renta de personas naturales presentó una dimensión nominal
superior a mil millones de dólares anuales, su comparación con la recaudación efectiva
sugirió un margen importante de mejora, aunque el indicador se mantuvo referencial por
la complejidad de estimar ingresos potenciales, deducciones, actividades independientes
y patrimonio no observado.
La coexistencia de brechas elevadas e informalidad amplia confirmó la necesidad de
ampliar bases mediante formalización efectiva, sin embargo la formalización no puede
reducirse a inscripción y obligaciones adicionales, debido a que un ingreso al registro
sin acceso digital, contabilidad simplificada y acompañamiento puede producir
contribuyentes formalmente registrados pero materialmente incumplidos.
El primer gráfico ordena los sectores económicos según un índice referencial de riesgo
construido en el informe técnico, su inclusión permite visualizar dónde convergen
operaciones en efectivo, dispersión de actores, baja documentación y dificultades de
valoración, aunque no constituye una medición oficial ni una tasa sectorial de evasión.
381
La escala se utilizó únicamente para jerarquizar exposición relativa, por lo cual no debe
interpretarse como porcentaje ni como estimación de recursos perdidos, esta advertencia
resulta indispensable para evitar que una representación analítica sea tratada como
evidencia estadística producida por la administración tributaria.
Gráfico 1
Sectores económicos con mayor incidencia referencial de evasión tributaria
Nota. Reproducción del gráfico incluido en el informe técnico de base, elaborado a partir de literatura regional y
nacional, el índice utiliza una escala referencial de 1 a 10 y no constituye una estimación oficial del Servicio de
Rentas Internas.
El comercio informal ocupó la mayor posición relativa, seguido por el sector
inmobiliario y las actividades profesionales independientes, los tres ámbitos comparten
dificultades de trazabilidad, valoración o identificación de ingresos, mientras
agricultura, transporte y construcción también presentaron exposición relevante por la
fragmentación de operaciones y la presencia de cadenas con documentación incompleta.
El resultado no permite concluir que la mayoría de contribuyentes de esos sectores
evada, sino que la estructura operativa genera mayor riesgo de subregistro, por ello la
focalización debería combinar información sectorial, comportamiento histórico,
inconsistencias patrimoniales y redes de transacciones, evitando controles masivos
basados exclusivamente en la actividad declarada.
382
La ausencia de estadísticas oficiales sectoriales uniformes limitó la validación del orden
presentado, esta restricción constituye un hallazgo institucional porque reduce la
capacidad de asignar recursos de fiscalización, comparar resultados anuales y evaluar si
una intervención modifica la brecha de un sector específico.
El segundo gráfico presenta la evolución de la brecha de cumplimiento del impuesto al
valor agregado y una referencia de recaudación efectiva durante 2015–2020, su lectura
permite contrastar la estabilidad de la pérdida potencial con las variaciones anuales de la
recaudación, manteniendo las unidades expresadas como porcentaje del producto
interno bruto.
La serie fue elaborada mediante la metodología RA-GAP y se apoyó en cuentas
nacionales, por lo cual la comparación entre años depende de la consistencia estadística
de las bases, el gráfico se utiliza como representación del orden de magnitud y no como
prueba de causalidad respecto de reformas o acciones de control específicas.
383
Gráfico 2
Brecha tributaria estimada del impuesto al valor agregado en Ecuador, 2015–2020
Nota. Reproducción del gráfico incluido en el informe técnico de base, elaborado a partir del Servicio de Rentas
Internas (2023a) y de la metodología RA-GAP, las barras azules representan la brecha de cumplimiento y las barras
naranjas la referencia de recaudación efectiva.
La brecha osciló dentro de un intervalo reducido y no mostró una trayectoria
descendente continua, el valor más bajo se ubicó alrededor de 1,78 % y el más alto
cerca de 2,13 % del producto interno bruto, esta estabilidad confirmó la naturaleza
estructural del incumplimiento y la necesidad de intervenciones sostenidas en lugar de
campañas temporales.
La recaudación efectiva presentó variaciones mayores que la brecha, debido a que
responde al ciclo económico, consumo, cambios normativos y administración del
tributo, por ello una mejora recaudatoria no implica automáticamente una reducción
equivalente de evasión, la evaluación correcta requiere comparar el resultado con la
base potencial y controlar factores macroeconómicos.
La estimación académica para 2020–2023 mantuvo la existencia de una pérdida
relevante en el impuesto al valor agregado, aunque utilizó supuestos diferentes, la
convergencia cualitativa entre fuentes reforzó la conclusión sobre persistencia, pero no
384
autorizó combinar coeficientes ni extender la serie sin una metodología homogénea
(Haro Orozco & Flor Mora, 2024).
El tercer gráfico compara la brecha referencial del impuesto a la renta de personas
naturales con la recaudación efectiva durante 2014–2021, su propósito consiste en
mostrar la relación entre recursos potencialmente no recaudados y los ingresos
obtenidos por el mismo concepto, sin asumir que toda la diferencia pueda recuperarse
mediante fiscalización.
La estimación fue revisada técnicamente como aproximación razonable, aunque
presenta mayores desafíos que el cálculo del impuesto al valor agregado, debido a la
diversidad de fuentes de ingreso, deducciones personales, actividades independientes y
limitaciones para observar patrimonios o rentas generadas fuera del país.
Gráfico 3
Brecha del impuesto a la renta de personas naturales y recaudación efectiva, 2014–2021
Nota. Reproducción del gráfico incluido en el informe técnico de base, elaborado a partir del Servicio de Rentas
Internas (2023b), la brecha media anual alcanzó aproximadamente USD 1.121 millones.
La brecha permaneció cercana o superior a mil millones de dólares en todos los años,
mientras la recaudación efectiva mostró niveles mayores y una expansión hacia 2021, la
385
persistencia del componente no recaudado indicó que el crecimiento de los ingresos
administrados no eliminó los espacios de subdeclaración o falta de registro.
El valor de 2021 se situó alrededor de USD 1.039,2 millones y se mantuvo por debajo
del promedio del periodo, sin embargo la reducción no fue suficiente para confirmar una
tendencia estructural, debido a que la serie presentó fluctuaciones y estuvo influida por
cambios económicos, normativos y administrativos que requieren análisis específico.
La magnitud relativa del impuesto a la renta personal justificó fortalecer los cruces
patrimoniales, la información de terceros y la segmentación de profesionales
independientes, rentistas y actividades empresariales, cualquier intervención debería
diferenciar capacidad contributiva y riesgo, evitando que el control recaiga de forma
desproporcionada sobre asalariados cuya información ya se encuentra retenida o
reportada.
Estrategias de control y fortalecimiento
La evaluación de estrategias identificó avances en digitalización, comprobantes
electrónicos, simplificación e información societaria, aunque la evidencia de impacto se
concentró en la facturación electrónica, otras medidas mostraron potencial operativo
pero carecieron de evaluaciones públicas comparables que permitieran atribuir cambios
en la brecha.
La Tabla 4 resume los instrumentos principales, su mecanismo de acción, la evidencia
disponible y las limitaciones observadas, el cuadro permite diferenciar entre
herramientas consolidadas, medidas con respaldo parcial y propuestas que requieren
diseño piloto y evaluación antes de una aplicación general.
386
Tabla 4
Estrategias de control, evidencia y limitaciones
Estrategia
Mecanismo de control
Evidencia disponible
Limitaciones
principales
Facturación electrónica
Registra transacciones,
facilita cruces, prellena
declaraciones y reduce
comprobantes falsos
Efecto positivo sobre
cumplimiento y
expansión general desde
2022
Brecha digital, firma
electrónica,
conectividad y costos de
adaptación
Cruces de información y
análisis de riesgo
Contrasta ventas,
compras, patrimonio,
retenciones y
operaciones de terceros
Mayor capacidad de
selección y control
automatizado
Calidad desigual de
bases, falta de
interoperabilidad y
ausencia de evaluación
pública
RIMPE
Simplifica obligaciones
de pequeños negocios y
crea categorías según
ingresos
Ampliación del registro
y reglas diferenciadas
Riesgo de segmentación
artificial,
recategorización y
complejidad en
actividades excluidas
Reporte de beneficiarios
finales
Identifica control
efectivo y relaciona
estructuras societarias
Marco operativo
reforzado mediante
REBEFICS desde 2024
Actualización,
verificación, calidad del
reporte y coordinación
institucional
Educación y asistencia
tributaria
Reduce errores, costos
de aprendizaje y
resistencia al
cumplimiento
Necesidad documentada
en microempresas y
comercios
Efectos difíciles de
aislar y riesgo de
sustituir fiscalización
por campañas
Intervenciones
conductuales
Utiliza recordatorios,
simplificación y
mensajes segmentados
Potencial de bajo costo
para obligaciones
específicas
Requiere experimentos
controlados y medición
de efectos sostenidos
Nota. Elaboración propia a partir de Alvia Del-Castillo y Mendoza-Fernández (2021), Ramírez-Álvarez et al. (2022),
Arellano-Romero et al. (2023), Muñoz-Montiel y Rivera-Guerrero (2023), Registro Oficial (2024b) y Servicio de
Rentas Internas (2024, 2026a, 2026b).
La facturación electrónica presentó el respaldo más sólido porque modifica la
disponibilidad de información en el momento de la transacción, su efecto no se limita a
sustituir papel, también permite identificar discrepancias, reconstruir cadenas de valor y
reducir la carga de digitación en declaraciones, sin embargo su capacidad depende de
que los comprobantes reflejen operaciones reales y sean transmitidos oportunamente.
Los cruces de información y el análisis de riesgo ofrecieron una vía para concentrar
auditorías en inconsistencias relevantes, aunque la ausencia de evaluaciones públicas
impidió medir cuánto de la recaudación adicional corresponde a cada sistema, la
transparencia sobre indicadores de efectividad permitiría comparar costos, resultados,
sostenibilidad y posibles efectos adversos.
387
El RIMPE buscó facilitar la incorporación de pequeños negocios, pero su estructura
requiere vigilancia para evitar divisiones artificiales de actividades, permanencia
indebida o cambios frecuentes de categoría, la recategorización basada en información
administrativa representa una mejora de control, aunque debería acompañarse de
comunicación previa y asistencia para reducir incumplimientos derivados de transición.
El reporte de beneficiarios finales amplió la capacidad potencial para examinar
estructuras opacas y operaciones vinculadas, su utilidad práctica aumentará cuando se
integre con información societaria, bancaria, aduanera y patrimonial bajo reglas de
seguridad y finalidad, además se necesita capacidad analítica para transformar grandes
volúmenes de datos en casos de riesgo fiscal verificable.
La educación tributaria mostró mayor utilidad como complemento de la simplificación
y la asistencia, no como sustituto de la fiscalización, las campañas generales pueden
mejorar conocimiento, pero los problemas documentados en microempresas exigen
soluciones operativas, guías claras, soporte accesible, aplicaciones estables y procesos
que reduzcan el tiempo necesario para cumplir.
Las intervenciones conductuales constituyeron una propuesta de fortalecimiento con
bajo costo relativo, su aplicación debería iniciar mediante pilotos aleatorizados o
diseños cuasi experimentales, segmentados por tipo de obligación y riesgo, esta
evaluación permitiría distinguir cambios reales de cumplimiento frente a simples
adelantos de pago o respuestas temporales a recordatorios.
Discusión
La integración de resultados confirmó que la evasión tributaria ecuatoriana responde a
una estructura multifactorial, la informalidad crea oportunidades materiales, la baja
388
percepción de detección modifica el cálculo de conveniencia, la desconfianza reduce la
disposición voluntaria y la complejidad administrativa eleva costos, por ello una
explicación monocausal conduce a políticas parciales y resultados difíciles de sostener.
El enfoque de disuasión conservó capacidad explicativa porque la conducta cambia
cuando aumenta la probabilidad percibida de control, sin embargo la brecha persistió
incluso con mayores capacidades tecnológicas, esta situación indicó que el
cumplimiento no depende únicamente del temor a una sanción, también intervienen
capacidad de pago, claridad normativa, legitimidad institucional y normas sociales.
La moral tributaria mostró una relación estrecha con reciprocidad y justicia, la evidencia
en MIPYME señaló que la voluntad de contribuir disminuye cuando se percibe que la
carga no se distribuye de forma equitativa o que los recursos públicos no generan
beneficios visibles, este resultado coincide con la necesidad de fortalecer transparencia
y calidad de servicio junto con la fiscalización (Rodríguez & Parrales, 2022).
La informalidad representó un factor central, aunque las diferencias entre estimaciones
demostraron que el concepto depende de la metodología utilizada, la cifra reportada por
literatura reciente y la clasificación oficial de la ENEMDU no describen exactamente la
misma población, por lo cual su uso conjunto exige explicar periodo, unidad de análisis
y definición antes de atribuir cambios reales.
La elevada participación de operaciones en efectivo disminuye la trazabilidad y limita la
información de terceros, pero una política de digitalización de pagos requiere considerar
acceso financiero, costos de transacción y protección de datos, la sustitución abrupta del
efectivo puede excluir a pequeños negocios o consumidores, por ello el incentivo y la
interoperabilidad resultan más adecuados que una restricción general.
La complejidad normativa apareció como causa y como limitación de las estrategias, los
regímenes simplificados pueden reducir costos cuando sus reglas son estables, pero
389
crean nuevas fronteras y oportunidades de segmentación cuando existen múltiples
categorías, exclusiones y cambios de obligación, el diseño debería evaluar el costo total
de cumplimiento y no solo la tarifa nominal.
La brecha del impuesto al valor agregado mostró estabilidad dentro de un intervalo
estrecho, este patrón coincide con un fenómeno estructural que no responde de forma
inmediata a una sola reforma, la facturación electrónica mejora la información
disponible, pero las ventas no registradas, el uso indebido de comprobantes y las
cadenas informales requieren controles complementarios, fiscalización en territorio y
cooperación con gobiernos locales.
La brecha del impuesto a la renta de personas naturales evidenció desafíos distintos, la
información de asalariados suele estar reportada por empleadores, mientras
profesionales, rentistas y actividades independientes presentan mayor posibilidad de
subdeclaración, la selección de riesgo debería utilizar relaciones entre ingresos,
consumo, activos, movimientos financieros y operaciones con sociedades vinculadas.
La comparación regional indicó que Ecuador no se ubica de manera aislada, las
administraciones tributarias de América Latina han ampliado facturación electrónica,
intercambio de información y análisis de datos, aunque continúan diferencias en presión
fiscal, composición de ingresos y capacidad institucional, los reportes regionales de
2024 y 2026 muestran avances recaudatorios vinculados con reformas, pero no eliminan
la necesidad de mejorar cumplimiento y progresividad (OCDE et al., 2024, 2026).
El índice sectorial permitió orientar la discusión hacia comercio informal, inmobiliario
y servicios profesionales, aunque su carácter referencial impidió utilizarlo como criterio
único de fiscalización, una clasificación oficial debería construirse mediante indicadores
observables, como discrepancias entre compras y ventas, variaciones patrimoniales,
margen sectorial, uso de comprobantes y comportamiento histórico.
390
El sector inmobiliario requiere especial atención porque combina activos de alto valor,
diferencias entre precio comercial y valores declarados, estructuras societarias y
operaciones ocasionales, la integración de catastros, registros de propiedad, información
bancaria y beneficiarios finales puede mejorar la detección, siempre que existan reglas
de calidad, actualización y protección de la información.
Las actividades profesionales independientes presentan ingresos menos sujetos a
retención y mayor flexibilidad para declarar gastos, por lo cual la administración puede
utilizar información de pagos, consumos y patrimonio para identificar inconsistencias,
sin embargo la fiscalización debe distinguir costos legítimos y variaciones propias de
actividades inestables, evitando presunciones automáticas que trasladen la carga
probatoria de forma desproporcionada.
Los grandes contribuyentes concentran una proporción relevante de la recaudación y
pueden generar brechas elevadas mediante planificación fiscal agresiva, operaciones
vinculadas o estructuras internacionales, aunque el informe se concentró en personas
naturales e impuesto al valor agregado, la extensión de metodologías de brecha hacia
sociedades y grandes contribuyentes constituye una prioridad para completar el mapa de
riesgo.
La facturación electrónica se confirmó como herramienta estratégica por su capacidad
para producir información estructurada y oportuna, la evidencia de impacto publicada
en 2022 respaldó una relación positiva con el cumplimiento, además la obligatoriedad
general amplió la cobertura, este resultado coincide con la transformación digital
descrita para el Servicio de Rentas Internas (Alvia Del-Castillo & Mendoza-Fernández,
2021; Ramírez-Álvarez et al., 2022).
Las dificultades documentadas en microempresas revelaron que la digitalización puede
distribuir costos de forma desigual, la firma electrónica, conexión estable, capacitación
391
y soporte técnico representan barreras reales, cuando el sistema falla o resulta complejo
aumenta la dependencia de terceros y el riesgo de errores, por ello la estrategia digital
necesita un componente permanente de accesibilidad (Arellano-Romero et al., 2023;
Muñoz-Montiel & Rivera-Guerrero, 2023).
La evolución normativa de comprobantes electrónicos mostró que el control digital
continúa ajustándose, las reglas de transmisión, anulación y sanción se actualizaron
después de la obligatoriedad general, esta dinámica refleja aprendizaje institucional,
pero también exige comunicación clara para evitar que cambios frecuentes generen
incumplimientos formales entre contribuyentes con menor capacidad técnica (Servicio
de Rentas Internas, 2026a).
El RIMPE representa una respuesta a los costos de cumplimiento de pequeños negocios,
su efectividad no puede medirse únicamente por el número de inscritos, también se
requiere observar permanencia, pago efectivo, crecimiento, recategorización y
transición al régimen general, una simplificación exitosa debería reducir informalidad
sin crear incentivos para fragmentar actividades o limitar el crecimiento.
La recategorización administrativa realizada con información de ingresos demuestra el
potencial de los cruces automatizados, sin embargo el cambio de régimen modifica
comprobantes, declaraciones y obligaciones, por ello el control debería incorporar
avisos anticipados, simuladores de carga y asistencia, de modo que la corrección del
catastro no produzca una nueva fuente de incumplimiento por desconocimiento
(Servicio de Rentas Internas, 2026b).
El reporte de beneficiarios finales constituye una aplicación práctica relevante porque
permite trascender la propiedad formal, su integración con el control tributario puede
revelar relaciones entre sociedades, patrimonios y flujos económicos, no obstante el
instrumento requiere validación continua, sanciones proporcionales y coordinación con
392
autoridades societarias, financieras y de prevención de lavado de activos (Registro
Oficial, 2024a, 2024b).
La coordinación entre Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero y
Económico, Contraloría, aduanas y registros públicos puede ampliar la detección de
operaciones inconsistentes, pero el intercambio indiscriminado no garantiza mejores
resultados, se necesitan modelos de riesgo, trazabilidad de accesos, reglas de finalidad y
capacidades especializadas para convertir alertas en determinaciones sustentadas.
Las intervenciones conductuales ofrecen una vía complementaria para contribuyentes
con omisiones de baja complejidad, recordatorios personalizados, mensajes claros y
formularios simplificados pueden reducir errores y retrasos, sin embargo su evaluación
debe medir pago neto adicional, duración del efecto y posibles desplazamientos, una
respuesta inmediata no siempre representa cumplimiento sostenible.
La novedad del análisis radicó en vincular la magnitud de la brecha con las condiciones
que determinan la efectividad de cada instrumento, esta integración permitió observar
que una misma medida produce resultados diferentes según sector, capacidad digital,
confianza y disponibilidad de información, por ello la política tributaria requiere
segmentación y secuencias de intervención.
La primera aplicación práctica consiste en desarrollar un sistema anual de indicadores
de brecha con metodología estable, desagregación sectorial y series comparables, la
publicación periódica permitiría evaluar tendencias, identificar cambios metodológicos
y someter los resultados a revisión académica, además fortalecería la transparencia
sobre objetivos y resultados de la administración.
La segunda aplicación consiste en construir una matriz de cumplimiento que combine
riesgo y capacidad, los contribuyentes de bajo riesgo y baja capacidad deberían recibir
simplificación y asistencia, los de riesgo medio requerirían alertas y corrección
393
temprana, mientras los perfiles de alto riesgo y alta materialidad justificarían auditorías
especializadas, intercambio de información y medidas sancionadoras.
La tercera aplicación consiste en evaluar cada estrategia mediante indicadores de costo
y resultado, la recaudación adicional debe compararse con recursos humanos,
infraestructura y carga impuesta al contribuyente, también se necesita medir efectos
sobre formalización, litigiosidad, percepción de justicia y sostenibilidad, porque una
medida puede aumentar ingresos en el corto plazo y deteriorar cumplimiento voluntario
en el largo plazo.
La principal limitación cuantitativa fue la ausencia de series oficiales actualizadas y
homogéneas para todos los tributos y sectores, las brechas disponibles cubrieron
periodos distintos y no permitieron atribuir variaciones a medidas concretas, además el
índice sectorial fue referencial, por lo cual las conclusiones sobre concentración de
riesgo deben interpretarse como orientación y no como medición definitiva.
La principal limitación metodológica fue el uso exclusivo de fuentes secundarias, no se
aplicaron encuestas, entrevistas, experimentos ni análisis de microdatos, por ello no fue
posible estimar el peso relativo de cada causa, medir percepción de riesgo o identificar
relaciones causales, las interpretaciones se sustentaron en convergencia documental y
deben contrastarse mediante investigación empírica posterior.
Las futuras investigaciones deberían estimar brechas sectoriales con metodologías
reproducibles, evaluar intervenciones conductuales mediante diseños experimentales,
medir costos de cumplimiento en MIPYME, analizar el efecto del reporte de
beneficiarios finales y examinar la relación entre cambios normativos, litigiosidad y
pago voluntario, estas líneas permitirían transformar propuestas generales en decisiones
basadas en evidencia.
394
La discusión confirmó que el control sostenible requiere una combinación secuencial,
primero simplificación y datos confiables, después alertas y corrección temprana,
finalmente fiscalización intensiva y sanción para conductas de alta materialidad, este
enfoque reduce costos, protege la equidad y evita utilizar mecanismos coercitivos sobre
contribuyentes cuyo incumplimiento proviene principalmente de barreras
administrativas.
395
Conclusiones
La evasión tributaria en Ecuador presentó un carácter estructural y multidimensional,
debido a que la persistencia de las brechas se relacionó con informalidad, baja
trazabilidad, percepción limitada de detección, moral tributaria frágil, complejidad
normativa y capacidades institucionales desiguales, ninguna de estas condiciones
resultó suficiente por sí sola para explicar el fenómeno.
El análisis de magnitud permitió establecer que la brecha media del impuesto al valor
agregado se mantuvo cerca de 1,91 % del producto interno bruto durante 2015–2020,
mientras la brecha referencial del impuesto a la renta de personas naturales alcanzó un
promedio anual aproximado de USD 1.121 millones entre 2014 y 2021, ambos
resultados evidenciaron pérdidas potenciales persistentes.
La estabilidad de la brecha del impuesto al valor agregado indicó que los avances
administrativos no modificaron de forma inmediata los determinantes estructurales, la
mejora de información requiere complementarse con control de cadenas informales,
fiscalización sectorial, asistencia a pequeños contribuyentes y evaluación continua de
los resultados.
La magnitud de la brecha del impuesto a la renta de personas naturales justificó
fortalecer cruces patrimoniales y segmentación de riesgo, especialmente en actividades
independientes y rentas con menor información de terceros, esta estrategia debe
preservar proporcionalidad y evitar concentrar esfuerzos sobre contribuyentes cuya
obligación ya se encuentra plenamente reportada.
La facturación electrónica se consolidó como el instrumento de control con mayor
respaldo empírico, debido a su capacidad para aumentar trazabilidad, facilitar
declaraciones y apoyar el análisis automatizado, sin embargo su eficacia quedó
396
condicionada por conectividad, firma electrónica, estabilidad de los sistemas y
capacidad de adaptación de microempresas y pequeños comercios.
El RIMPE, los cruces de información y el reporte de beneficiarios finales ampliaron las
herramientas disponibles, aunque su efectividad requiere indicadores públicos,
interoperabilidad, actualización de registros y control de efectos no deseados, la
existencia de una obligación formal no garantiza por sí misma una mejora material del
cumplimiento.
La confianza institucional y la moral tributaria constituyeron condiciones necesarias
para sostener el pago voluntario, la fiscalización puede elevar el costo del
incumplimiento, pero la legitimidad depende de reglas comprensibles, trato equitativo,
transparencia y percepción de que los recursos recaudados se utilizan de forma
responsable.
La principal contribución consistió en integrar causas, magnitud y estrategias dentro de
un mismo marco analítico, esta articulación permitió diferenciar medidas destinadas a
reducir errores, morosidad, informalidad y evasión deliberada, además mostró la
necesidad de segmentar intervenciones según riesgo, materialidad y capacidad
administrativa.
La política de control debería priorizar la publicación anual de brechas comparables, la
medición de costos de cumplimiento, la evaluación experimental de comunicaciones, la
integración segura de beneficiarios finales y el desarrollo de indicadores sectoriales,
estas acciones mejorarían la asignación de recursos y la rendición de cuentas sobre
resultados.
Las investigaciones futuras necesitan incorporar microdatos, encuestas de percepción,
análisis sectoriales y diseños causales, con el fin de estimar el peso de cada
determinante y medir el impacto neto de las estrategias, la reducción sostenible del
397
incumplimiento dependerá de evidencia acumulativa y no de la aplicación aislada de
tecnología, sanciones o campañas educativas.
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